Decreto 927: ¿Un beneficio para el autoabastecimiento de hidrocarburos?

Julio-Cesar-Fonrouge

Decreto 927/2013

I)     Ampliación de la competencia de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburiferas, de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, sobre el sector de empresas de servicios de hidrocarburos.

El pasado 17/07/13 se publicó en el Boletín Nacional, el Decreto 927/13, emitido por el Poder Ejecutivo Nacional en los términos del artículo 99, inciso 1), de la Constitución Nacional, el artículo 664 del Código Aduanero y la Ley 26.741 (Ley de Hidrocarburos).

Básicamente, el reseñado decreto se fundó:

i) En los términos de la Ley 26.741, que declaró de interés nacional y como objetivo prioritario de la Nación el logro del autoabastecimiento, así como también la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos (como de hecho ya lo hace la Ley 17.319); 

ii) En que de acuerdo a los alcances de la Ley 26.741 (y antes por la Ley 17.319), el Poder Ejecutivo Nacional constituye la autoridad a cargo de la política en la materia;

iii) En base al artículo 3 de la Ley 26.741 (que establece los principios aplicables a la regulación de hidrocarburos), que dispone priorizar –entre otros principios- la incorporación de nuevas tecnologías que contribuyan al mejoramiento de la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos;

iv) En que, a partir del principio referente a la incorporación de nuevas tecnologías, resulta necesario avanzar en el desarrollo de procesos tendientes a la actualización del equipamiento y maquinarias de empresas del sector;

v) En particular, que atento la competencia asignada a la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburiferas, el citado organismo deberá tomar intervención en la materia de actualización de equipamientos y maquinas de empresas del sector, en forma conjunta con los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Industria, esto de acuerdo a las competencias que cada uno de estos tiene asignadas;

En concreto, el artículo 1 del Decreto 927/13 determinó que los bienes de capital comprendidos en su Anexo y que hubieran sido declarados como imprescindibles para la ejecución de los Planes de Inversión de las empresas inscriptas en el Registro Nacional de Inversiones Hidrocarburiferas, tributarán -tanto si son nuevos o usados- el derecho de importación extrazona (DIE) indicado para cada posición NCM allí determinada.

El Anexo comprende a las siguientes posiciones del NCM y el porcentaje de DIE aplicable a cada una:

- 8421.39.90: 14%;

- 8430.49.20: 0%;

- 9406.00.92: 14%;

Es decir, exige una previa declaración de los bienes de capital comprendidos en su Anexo como imprescindibles, y además, que sean destinados a los planes de inversión presentados por las empresas inscriptas en el registro de la Comisión.

En el supuesto de bienes de capital usados comprendidos en la posición del NCM 8421.39.90, el tratamiento arancelario determinado en su anexo solamente será de aplicación a las siguientes mercaderías:

(i)             Filtro de aíre por medio de mangas, con una superficie filtrante de 8.143 mt2, capacidad máxima de procesamiento de 350.000 mt3./h y transportadores a tornillo incorporados, para la descarga de material sólido retenido;

(ii)            Ciclón depurador de aire, con motor eléctrico incorporado de 7,5 kW y una capacidad de procesamiento máximo igual a 2.000 m3/h.;

Ahora bien, su artículo 2º establece que la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburiferas fijará los procedimientos operativos tendientes a la ejecución de la medida

Incluso más, el artículo 3 impone la intervención en consulta del Ministerio de Industria –este procedimiento a través de la Comisión- a efectos de que determine la existencia o no de producción nacional del bien a incorporar por la empresa y/o la afectación al potencial desarrollo sustentable de producción nacional.

A tal fin, el referido Ministerio debería expedirse en diez días corridos, bajo entendimiento que la falta de respuesta configurará una negativa a la consulta.

En caso de no existir producción nacional ni la afectación negativa de su potencial desarrollo, recién entonces el Ministerio de Industria debería hacer constar tal extremo y restituir las actuaciones a la Comisión.

A todo evento, previo a la devolución de las actuaciones a la Comisión, el Ministerio de Industria debería también informar las empresas que producen el bien en cuestión en el país, su disponibilidad existente y el plazo posible de su entrega. Asimismo, debería agregar su precio, y toda aquella información que le sea requerida. A tal efecto, la Comisión deberá regular un formulario tipo para la contestación de informes.

Finalmente, a requerimiento de las empresas inscriptas en su registro, la Comisión debería emitir un dictamen a efectos de ser presentados por los interesados ante la DGA, con copia a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para su conocimiento.

La medida decretada entró en vigencia el 17/07/13, y persistirá –salvo modificación y/o prórroga- hasta el 30/06/14, inclusive. Así las cosas, aún no fue reglamentada su puesta en ejecución ni se emitió acto alguno declarando los bienes de capital ponderados como imprescindibles para la ejecución de los planes de inversión presentados por ante la Comisión por las empresas inscriptas en el registro del citado organismo.

II)   Conclusiones:

A continuación, en forma breve señalaré nuestras observaciones y comentarios sobre el reglamento descripto 

(i) No obstante la fecha de su entrada en vigencia, al día de la fecha no se declaró como imprescindible ningún bien de capital comprendido en el ANEXO del decreto.

(ii) La intervención de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburiferas no es favorable al sector ni a empresas de servicios y proveedores. 

El motivo de mi afirmación es simple. La intervención de la Comisión sobre operaciones de empresas importadoras (estas son, productoras, transportistas, refinadoras, petroquímicas, comercializadoras, empresas de servicios y hasta proveedores), constituye –de hecho- una ampliación de la competencia subjetiva del organismo que, sobre la base del decreto en comentario, podría hacer uso de las facultades establecidas a su favor por el Decreto 1.277/12 y sus complementarias. En concreto y sin perjuicio de otras prerrogativas, las facultades en materia de control de precios y como autoridad de aplicación de la Ley 20.680 (Ley de Abastecimiento).

La medida adoptada por medio del Decreto 927/13, de tal forma, no resulta alentadora, pudiendo constituir una señal de riesgo al sector privado de hidrocarburos, incluidos sus proveedores.

(iii) Resulta difícil que el Ministerio de Industria cumplimente la manda en el plazo instituido en el Decreto 927/13 y/o que pretenda hacer de aplicación –de oficio- el apercibimiento denegatorio ante la pasividad del organismo, extremo que impone extender el tiempo de los trámites por más del ponderado en el acto en comentario.

(iv) El Decreto 927/13 carece de toda reglamentación por parte de la Comisión y, lógicamente, tampoco existe procedimiento que regule la vista instituida en consulta a favor del Ministerio de Industria. 

Al respecto, los términos de la intervención del citado Ministerio adolecen de una amplia discrecionalidad, por cuanto que la misma se encuentra limitada en base a lo siguiente: a) determinar la existencia o no de producción nacional y, b) que el bien de capital a importar no afecte el potencial desarrollo sustentable de producción nacional.

Pues bien, ¿cómo se configurarían tales supuestos? ¿qué significa el concepto jurídico indeterminado “afectar el desarrollo sustentable de la producción nacional”? Tales extremos serán ponderados por el Ministerio en forma discrecional, lo que va a imponer un mayor control y seguimiento de parte de los particulares. 

¿Qué sucedería si –a criterio del Ministerio de Industria- la importación no cumpliera los puntos precedentes?

Desafortunadamente, tampoco existe un procedimiento de observación, imponiendo la aplicación de las reglas de impugnación de la Ley 19.549 y su decreto reglamentario 1.759/72, to. 1.991 (régimen nacional de procedimiento administrativo). De tornarse aplicable, desde ya, resultará imposible obtener una aprobación en el plazo consignado en el decreto en comentario. 

Es más, en línea con la política implementada desde el 2.009 (hoy en vigencia a través de las DJAIs a cargo de la Secretaría de Comercio Interior y/o la Mesa de Negociación de Hidrocarburos desarrollada en el ámbito del Ministerio de Industria, INPI y la Secretaría de Comercio Interior), ante la observación del Ministerio de Industria, ¿se va a afectar o impedir las importaciones de mercaderías comprendidas en las posiciones del NCM comprendidas en el Anexo del Decreto 927/13? 

En caso de existir proveedores en el ámbito nacional, ¿se va a imponer dejar sin efecto el despacho de importación y a adquirir la mercadería en el ámbito local?

Muy desgraciadamente, es una firme posición del Gobierno Nacional mantener las trabas a la importación de todo tipo de mercadería, incluso las destinadas al aumento de reservas comprobadas y/o a la explotación de hidrocarburos (y es válido afirmar que también para la generación de energía eléctrica), sea tanto para empresas productoras como de servicios. Todo ello en desmedro de lograr disminuir las importaciones de hidrocarburos que hoy día afecta el balance comercial del país.

Dado la incongruencia apuntada, va a ser muy difícil de lograr convencer al sector privado que el Decreto 927/13 constituye una llave para abrir las actuales restricciones que pesan sobre el sector o, en su caso, el inicio de medidas tendientes a fomentar la actividad y liberar –siquiera en forma parcial- el control del precio sobre el commodity en el país.

Por lo demás, es dable también concluir que las Destinaciones de Importación Temporal se encuentran excluidas, en tanto –salvo excepciones- no tributan, teniendo la sola obligación de cancelar las tasas aplicables.

Vale preguntar, ¿qué recaudos se van a fijar para ponderar la calidad de la mercadería? Tendremos que esperar a qué diga la futura reglamentación.

Pues bien, el reglamento en comentario omitió responder todas las preguntas precedentes y la experiencia desde el 2.009 en materia de restricciones a la importación y cambiarias, sumado a la fuerte intervención administrativa en toda la actividad desde el 2.001, no ha sido favorable para las empresas dedicadas a priorizar el abastecimiento de hidrocarburos en el país (léase de servicios y operadoras, como asimismo, refinadoras o comercializadoras y distribuidoras). Igual conclusión cabe formular respecto de las licenciatarias del servicio público de transporte y distribución de gas, alguna de ellas hoy día intervenidas por el ENARGAS desde el 2.008. 

Finalmente, muchas opiniones y medios periodísticos calificaron al Decreto 927/13 como una medida emitida en el marco del Acuerdo de Chevron con YPF. Concluyo y considero tal afirmación desacertada. Dado el contexto institucional actual que afecta al sector de hidrocarburos, corresponde calificar a la medida como consecuencia de la implementación de la política de sustitución de importaciones impuesta por la Mesa de Negociación a cargo del Ministerio de Industria y la Secretaría de Comercio Interior.

Julio C. Fonrouge

Director a cargo

Departamento de Derecho Administrativo, Hidrocarburos y Minería

“JP O’Farrell Abogados”

www.jpof.com.ar

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